Debate sobre reforma de la Constitución Nacional

reforma-constitucional

Les dejo la invitación para el debate del día 28 de agosto en la Facultad de Derecho sobre la necesidad o no de reformar la Constitución Nacional. Los esperamos!

23

08 2012

A la Ciudad le sacan fondos y autonomía

Ciudad-sacan-fondos-autonomia_CLAIMA20120814_0043_22

Por Vilma Ibarra, pUBLICADO EN cLARÍN EL MARTES 14 DE AGOSTO

El proyecto de la diputada Diana Conti para derivar depósitos del Banco Ciudad al Nación es una nueva versión del que Ramón Saadi presentó en 2006. De convertirse en ley, implicaría un duro golpe a una institución pública que históricamente desarrolló políticas activas a favor de los porteños.

El proyecto en tratamiento en el Congreso de la Nación que pretende traspasar los fondos de los depósitos judiciales del Banco Ciudad de Buenos Aires al Banco Nación no es sino unanueva versión de la iniciativa que el ex senador nacional Ramón Saadi había presentado en el año 2006 (expte. S 220/06). Más elocuente, el ex senador entendía que la Nación debía echar mano de estos fondos argumentando que la Ciudad poseía una autonomía “restringida” y expresaba que el Banco Ciudad no podía pretender asimilarse a los restantes “bancos agentes oficiales de las provincias argentinas”.

Sin dudas esta discusión esconde un debate profundo vinculado a la autonomía de la ciudad.

La pregunta que deberíamos hacernos es por qué los fondos correspondientes a una caución prestada en un juicio laboral o comercial en Salta o Mendoza se depositan en el banco oficial provincial y por qué si los juicios se desarrollan en la Ciudad deberían ser depositados en un banco nacional.

En la ciudad de Buenos Aires, como en todas las provincias, existe la Justicia Federal.

Los fondos correspondientes a estos juicios federales, como en todo el país, se depositan correctamente en el Banco Nación.

Pero en la Ciudad de Buenos Aires existe además la Justicia “ordinaria” (civil, comercial, laboral, penal), que se corresponde con las respectivas justicias “ordinarias provinciales”. Esta justicia “ordinaria” es la llamada justicia “nacional” -resabio del status de la Ciudad antes de su autonomía- y debía ser transferida al ámbito local por mandato constitucional según el artículo 129 incorporado en la reforma de 1994, donde específicamente se establece que “la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción…”. Esta disposición se reafirma cuando la cláusula transitoria decimoquinta dice que los jueces de la Ciudad de Buenos Aires serán designados y removidos por el Consejo de la Magistratura Nacional, hasta tanto se dicte el Estatuto Organizativo de la Ciudad (esto es, su propia Constitución, que se dictó en 1996).

Este mandato constitucional de transferir la justicia “nacional u ordinaria” a la Ciudad fue incumplido por todos los gobiernos desde 1994.

En los fundamentos del proyecto de la diputada Diana Conti se afirma que la “justicia nacional”, lejos de ser justicia local, es justicia federal.

Es totalmente incorrecta esa afirmación . ¿Por qué un divorcio de un matrimonio que vive en Floresta sería una cuestión “federal”? ¿Por qué un robo en San Telmo se tramitaría ante una justicia “federal”?

Lejos de avanzar con las transferencias, después de la reforma de 1994 se dictó la “ley Cafiero”, Nro. 24.588, en pleno auge menemista,para restringir y limitar aún más la autonomía.

Esa ley estableció que la Ciudad de Buenos Aires no podría contar con fuerzas de seguridad, ni con el puerto, ni con la justicia ordinaria (la llamada justicia nacional), ni con el Registro de la Propiedad Inmueble, como sí tienen el resto de las provincias. Recién en el año 2007 se reformó esa ley parcialmente, pero sólo habilitando a la Ciudad a la creación de una fuerza de seguridad propia. Así nació la Policía Metropolitana.

El proyecto de la diputada Conti, en vez de avanzar en la demorada transferencia de la justicia a la Ciudad, ahora busca sacarle la administración de los fondos que se depositan temporalmente, correspondientes a los juicios laborales, comerciales y penales de los vecinos de la Ciudad. En muy pocos artículos se lograría trasvasar esos fondos a la Nación desfinanciando a un banco público de fuerte incidencia social y también restringir aún más la ya recortada autonomía porteña.

Es por otra parte un discurso esquizofrénico reclamarle a la Ciudad de Buenos Aires que se haga cargo de la custodia de los hospitales y escuelas, del subte y de otros organismos, pero al mismo tiempo se realice un “manotazo” sobre fondos de los juicios ordinarios de esta Ciudad.

Parece que para algunas cosas -que necesitan inversión- somos autónomos, pero para otras que otorgan disponibilidad financiera no lo somos.

Lamentablemente la iniciativa ha contado con el voto de un ex presidente de la institución que era en su momento un tenaz defensor de la autonomía de la Ciudad y de la solvencia y fortaleza del Banco y el de diversos diputados porteños votados por los vecinos de la Ciudad no para dañar a sus organismos públicos, sino para defenderlos.

De aprobarse esta ley, será un duro golpe en el financiamiento de una institución pública que históricamente ha desarrollado políticas activas con líneas de créditos muy ventajosas para viviendas y emprendimientos, además de los numerosos servicios que brinda. Este banco público es, además, una importante herramienta para las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

No es ésta una batalla contra Mauricio Macri, de quien me siento en las antípodas ideológicas, así como de su proyecto de ciudad y de país. Estoy defendiendo nuestro banco, el banco público, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, con el que esta ciudad puede implementar políticas públicas activas de gran valor social a favor de la gente.

14

08 2012

Fertilizaciòn Asistida: ¿Reconocemos un derecho o tratamos una enfermedad?

ley-fertilizacion-asistida [1600x1200]

Artículo publicado en el número actual de la revista “De Frente con la Gente”

FERTILIZACION ASISTIDA

Hace dos dìas la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a una ley que garantiza la cobertura médica para las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA).

En este artículo, sintéticamente, quiero abordar un punto que ha generado fuertes polémicas entre diversos legisladores y también entre las distintas organizaciones sociales que abordan la temática:  ¿la ley se dicta para realizar un tratamiento a quienes padecen una enfermedad  -infertilidad- o se reconoce un derecho reproductivo de entidad suficiente para que el Estado se comprometa a garantizar su ejercicio a todas las personas en igualdad?

La Organización Mundial de la Salud ha dicho que la infertilidad es una enfermedad y eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión es el abordaje que le debemos dar a una ley que pretendemos amplia, abarcando todas las técnicas, de menor y mayor complejidad, y con cobertura por parte de las prepagas, el subsector público y las obras sociales, siempre en los términos en que lo establezca la autoridad de aplicación –Ministerio de Salud- para que sea sustentable e igualitaria su aplicación.

Si regulamos las TRHA desde el punto de vista del tratamiento de una enfermedad, la ley exigirá -como propone la diputada nacional del PRO, Silvia Majdalani- un diagnóstico de infertilidad, que se obtiene luego de un año de mantener relaciones sexuales no protegidas–obviamente heterosexuales- sin lograr un embarazo.

Este abordaje deja afuera del acceso a las TRHA en condiciones igualitarias –esto es, con cobertura económica- a las parejas homosexuales y a las mujeres solas, quienes no podrán presentar tal certificado. En estos casos nos hallamos ante la denominada “infertilidad estructural o social”.

Quienes quieren que la ley sólo “trate” a las personas enfermas diagnosticadas, excluyen de las prestaciones a un grupo de personas por orientación sexual o por estado civil –las que exhiben infertilidad estructural-, lo cual es contrario a la Constitución Nacional (arts 16, 19 y 75 inc. 22) y al art. 42 de la ley de matrimonio igualitario, que específicamente ordena que las leyes deben aplicarse en igualdad y reconociendo iguales derechos a las parejas heterosexuales y a las homosexuales. Pero hay más argumentos.

Sería éticamente inaceptable exigir que una mujer lesbiana –o también una mujer sola- mantenga relaciones sexuales con un hombre para lograr un embarazo. Es tan inaceptable como exigirle a una mujer fértil cuya pareja heterosexual no produce espermatozoides aptos para fertilizarla, que mantenga relaciones sexuales con un varón fértil, para lograr un embarazo. Nadie seriamente podría proponer tal desatino.

Ante estos casos la ley de fertilización asistida prevé que la mujer pueda ser inseminada con gametos de un donante fértil. ¿Acaso esto es tratar una enfermedad? Está claro que el objetivo de esta técnica no es reducir ni combatir ni contener una enfermedad –ni siquiera actúa sobre la persona infértil-, sino reconocerle a esa pareja sus derechos reproductivos. La pregunta obligada entonces es: ¿por qué se les garantiza esos derechos a unas parejas –las heterosexuales- y no a otras, en un país donde la legislación reconoce las distintas formas de constituir una familia, en igualdad de derechos?

Estamos ante un debate que busca democratizar el acceso económico a determinados procedimientos que son el fruto de los avances científicos y tecnológicos. Estos debates debemos abordarlos con una mirada “pro homine” –conf. Doctrina de nuestra Corte Suprema-, es decir, en forma amplia e inclusiva, ampliando derechos y no restringiéndolos; así lo establece el bloque constitucional de normas que nos rige, producto del articulado de nuestra Carta Magna y del contenido de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

29

06 2012