VILMA IBARRA | WEB

 Por Enrique Viale  

 Publicado el 22/01/12 en Perfil  

 http://www.perfil.com/ediciones/2012/1/edicion_644/contenidos/noticia_0025.html

“La pueblada de Famatina está marcando un hito histórico en la defensa de los territorios en nuestro país y un punto de inflexión en el saqueo económico, devastación ambiental y degradación social, cultural e institucional que significa la figura extrema del extractivismo: la megaminería.

Se diferencia respecto de la minería tradicional fundamentalmente en su escala y en su modalidad de explotación, lo que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral. En nuestro libro 15 mitos y realidades de la minería transnacional, presentamos distintos datos, aportados por las propias empresas, que nos sirven para comprender su real magnitud. Así, por ejemplo, el emprendimiento minero Pascua Lama (San Juan) removerá rocas por 1.806 millones de toneladas en todo su proceso extractivo; La Alumbrera (Catamarca) tiene autorizado emplear más de 86 millones de litros de agua por día, mucho más que el consumo total de la provincia. En materia de explosivos, también los datos son espeluznantes: sólo en Pascua Lama se arrojará durante el proceso extractivo la friolera de 493.500 toneladas, casi la mitad de los lanzados en la Segunda Guerra Mundial. Por estos motivos es que la gran minería se apropia de los territorios donde se desarrolla compitiendo –desproporcionamente– por los recursos con las actividades previamente establecidas. Así, las producciones agropecuarias de las zonas cordilleranas y precordilleranas son incompatibles con esta actividad.

Por su parte, el régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial, con beneficios exclusivos para el sector como ninguna otra actividad. Ello permite que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres, como ocurre en la provincia de Catamarca. Lo mismo ocurre en la provincia estrella de la gran minería, San Juan –tan elogiada por el gobernador riojano, Luis Beder Herrera–, que, a pesar de tener hace muchos años en funcionamiento algunos de los mayores emprendimientos mineros del país, la pobreza e indigencia (según datos del Indec) bajó en mucho menor proporción que en el resto del país, durante el último ciclo de crecimiento económico. En esta provincia, en concepto de regalías, la empresa Barrick Gold, por Veladero (la mina más grande de la provincia), aportó en el año 2009 sólo la suma de 38 millones de pesos, menos del 1% del total de ingresos totales provinciales.

Los nuevos espejitos de colores también son divulgados por el propio secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, quien –en pleno debate parlamentario por la ley de glaciares– afirmó temerariamente que “la minería ya genera 500 mil puestos de trabajo en el país”. Lo desmiente el propio Indec: en 2010 hubo 7.127 trabajadores registrados en explotación de minerales metalíferos, lo que equivale al 0,045% de la Población Económicamente Activa (PEA).

No existe en Latinoamérica ninguna región que haya logrado un desarrollo socioeconómico con la gran minería, a lo sumo puede generar “crecimiento económico” (aumento del producto interno bruto), como sucede en el Perú minero, pero éste es volátil, con escaso “derrame”, sin auténtico desarrollo para la población y una alarmante reprimarización de la economía. Paradójicamente, las transnacionales mineras tienen un método capitalista de obtener sus ganancias y un método comunista para socializar sus pasivos ambientales.

La historia lo demuestra, por donde pasa la gran minería sólo queda saqueo, territorios devastados y empresas aún más enriquecidas. De todo esto se está defendiendo el pueblo de Famatina.

Por estas razones es que el economista ecuatoriano Alberto Acosta ha acuñado la frase: “La maldición de la abundancia”, para caracterizar el extractivismo extremo en nuestra región, a la cual históricamente se le ha reservado el rol de exportadora de naturaleza, sin considerar sus impactos desestructurantes sobre la población ni los efectos socioambientales. Aunque los gobiernos no lo adviertan, serán los pueblos –como el de Famatina– los que no dejarán que se sigan escribiendo capítulos de Las venas abiertas de America Latina”.

*Abogado ambientalista, miembro del Colectivo por la Igualdad y Voces de Alerta.

Publicado en Noticias del Congreso

La hipocresía y el doble estandar moral de médicos, jueces y dirigentes políticos están consumando una nueva y cruel injusticia en Entre Ríos. Una niña de sólo 11 años que fue violada, es ahora literalmente obligada a ser madre. En esta nota, la ex diputada Vilma Ibarra pone blanco sobre negro en un tema del cual muchos hablan pero sobre el que muy pocos asumen responsabilidades. 

La interrupción del embarazo de la niña de 11 años abusada sexualmente en Entre Ríos, debió ser resuelta favorablemente en forma legal y oportuna por el servicio de atención médica requerido, sin intervención judicial. Así resulta de lo previsto en el Código Penal, que en su art. 86 dice que el aborto no es punible cuando se realiza para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre. Pocos casos tan claros como éste, donde los diagnósticos y los consensos médicos coinciden en alertar sobre los daños para la salud física a los que se ve expuesta además, claro está, de los riesgos psíquicos.

Sin embargo, una vez más, los médicos optaron por no proceder como establece la norma legal y se judicializó el pedido; los jueces eligieron no decidir prontamente y sometieron a la familia a una presión insostenible, y la política optó, en su mayor parte, por callar.

El Estado argentino ha sido condenado, promediando el año 2011, por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas precisamente por someter a tratos crueles e inhumanos a una joven ante una situación similar. El aborto no punible es hoy un derecho en los casos previstos por la ley, pero los actores políticos y sociales, obstaculizan su ejercicio hasta volverlo impracticable. El caso de la niña de Entre Ríos es un doloroso ejemplo de ello, entre tantos otros que han padecido muchas jóvenes en nuestro país, siempre en estado de vulnerabilidad.

Los médicos dicen estar atemorizados por posibles enjuiciamientos legales y una gran parte de los gobiernos provinciales ayuda a ello. En ese sentido se encaminaron las palabras del Ministro de Salud de Entre Ríos, quien temerariamente afirmó que cometería delito el médico que le practicara el aborto a la niña.

Se trata de cuestiones de salud pública y estamos reclamando que se implementen políticas decididas y oportunas en ese sentido. El gobierno nacional está en deuda en la implementación de un protocolo médico para casos de aborto no punible. El Ministerio de Salud había publicado y difundido una excelente Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos no Punibles durante el año 2010, pero el propio ministro en una lamentable decisión, optó por dar marcha atrás y negar su implementación.

Este gobierno ha hecho muchas cosas y muy buenas en favor de la igualdad. Pero la reglamentación para la interrupción del embarazo en los casos de abortos no punibles es sin dudas una deuda que debe saldarse en con una amplia interpretación del art. 86 del Código Penal que contemple plenamente los derechos de las mujeres en los términos desarrollados por la OMS y los tratados internacionales.

Además es necesario impulsar el postergado debate parlamentario sobre la legalización del aborto. Alrededor de 200 mujeres mueren por año debido a las dramáticas condiciones de higiene y seguridad en que se practican los abortos debido a la clandestinidad. Y se practican más de 400.000 abortos por año en nuestro país.

Este debate es también una cuestión de igualdad, porque las mujeres de los sectores sociales más favorecidos pueden acceder a abortos seguros en clínicas privadas pagando el precio que les piden por ello, y las más vulnerables son las que engrosan las estadísticas de morbilidad o muerte por abortos clandestinos.

Hoy, con la niña de Entre Ríos, la hipocresía y el doble estándar moral, han llevado adelante una nueva injusticia. Será la niña de 11 años y su familia las que enfrenten solas su doloroso porvenir, cuando el debate se aplaque y la sociedad se olvide de ellas.

Mientras tanto los representantes del pueblo tienen el deber de no olvidarla. Y de exigir que este tema sea parte de la agenda de la igualdad.

Nota publicada hoy, 20 de enero, en Diario Clarín

Este silencio pesado y denso frente a la negativa de practicarle un aborto a una nena de 11 años abusada sexualmente en Entre Ríos, lastima y preocupa.

Obligarla a seguir adelante con este embarazo que pone en riesgo su salud, física y psíquica y que fue producto de un delito contra su integridad sexual es, por donde se lo mire, contrario a las leyes nacionales y a los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos y de protección de los derechos de los niños y niñas. Se trata de un caso de aborto no punible contemplado en el art. 86 del Código Penal y debió practicársele la interrupción del embarazo, ante su requerimiento y el de su familia, sin necesidad de judicialización alguna.

Hoy esta niña es víctima del doble discurso, de la hipocresía y de la especulación política. Nada más alejado de la obligación del Estado que debe defender sus derechos y su salud en forma integral, como lo exigen los tratados internacionales –que deben leerse completos- y las leyes nacionales y locales.

Estamos también ante una discusión de políticas de salud pública y por eso no alcanza con la comprometida y valiosa posición adoptada por el interventor del Inadi, Pedro Mouratián. Falta que se pronuncien las autoridades de Salud, que siguen en deuda con la obligación de establecer un protocolo para la atención de abortos no punibles, que recoja con amplitud los derechos de las mujeres e impida la judicialización de estos casos. La guía técnica que se había confeccionado en el año 2010 era sin dudas un gran avance en esta materia, pero las autoridades nacionales de la salud negaron su implementación.

En el ámbito legislativo –ya no caben las excusas- debe encararse durante el año 2012, el debate sobre la despenalización del aborto, tantas veces postergado.

Esta niña –como tantas otras- que debió obtener la protección de sus derechos con una sola decisión médica responsable y oportuna, depende ahora de las decisiones judiciales y de los avatares políticos.

Es necesario que el “relato” también incluya a estas niñas una y otra vez víctimas de la peor indiferencia.